Una vez más vemos como la acción del Estado va dirigida en contra de los pueblos originarios de Chile. Si bien se podrá argumentar que detrás de esto hay decisiones judiciales y un Estado de Derecho que resguardar, eso no pasa a ser más que la simple forma del asunto, aquí lo que hay detrás y en el fondo, al igual que en el conflicto de la Araucanía (y territorios aledaños), es la mera consecuencia de las políticas colonizadoras empleadas por un país a lo largo de la historia, en contra de pueblos que poseían total autodeterminación política, una cultura fuertemente asentada, instituciones tradicionales, lengua y territorio.
La semilla es la misma, el reclamo por las tierras ancestrales, que si bien nuestros sistemas jurídicos occidentales no reconocen ni en la teoría y menos en la práctica, tienen un fuerte arraigo y comprensión de la misma por parte de los pueblos originarios que han mantenido a lo largo del tiempo su autoidentificación cultural, a diferencia de los pueblos que o bien fueron masacrados o simplemente asimilados culturalmente. Al respecto, no es casualidad que los pueblos que se alzan en determinados momentos históricos en contra del Estado, aún conservan razgos comunes como la lengua, que por cierto, el Estado se ha encargado de desmembrar, aunque no lo haya podido conseguir del todo.
Tal vez ahora empiece la contrainformación con dichos sobre supuestas células terroristas que empiezan a operar en el lugar, como ha ocurrido en el sur del país con los mapuches, o bien que hay activistas mapuches operando en el lugar, o bien miembros de las FARC, de la ETA, etc, etc, etc.
Bueno, ya se está acostumbrado a ese tipo de hechos (publicitados por el Estado), pero lo que realmente importa aquí es el valor moral de los rapa nui de hacer valer derechos que les fueron usurpados en un momento de la historia, pero que no por ello han perdido el también derecho a reclamarlos.
